El PP cifra el perjuicio económico de los cursos de formación en la provincia en 350 millones de euros


 

Los vocales del Grupo Popular en la comisión de investigación de los cursos de formación acometida por el Parlamento andaluz Miguel Ángel Torrico y Teresa Ruiz Sillero, y el parlamentario andaluz por el PP de Málaga Félix Romero, han destacado hoy que “el perjuicio económico de los cursos de formación en la provincia de Málaga asciende a 350 millones de euros”, según una estimación presentada hoy en rueda de prensa.

 

En este sentido, la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz Sillero, ha destacado que “el dictamen del Grupo Popular en la comisión de investigación apunta un perjuicio total de 1.970 millones de euros en la región”, subrayando que “esta factura deriva de la gestión irregular del PSOE en la formación para el empleo y de la presidenta andaluza, Susana Díaz”.

 

Así, ha señalado que “las irregularidades detectadas apuntan a 35 altos cargos socialistas desde el año 2002 hasta la actualidad, siendo Susana Díaz la máxima responsable, a la que le podemos achacar hasta quince hechos que la declaran responsable política de dichas irregularidades: desde el boicot a la comisión de investigación, poniendo trabas a la llegada de documentación, hasta la paralización de la formación durante cinco años, la pérdida de fondos públicos y la deuda de 400 millones de euros a las empresas que sí han realizado cursos”, ha enumerado.

 

Además, ha lamentado “la participación activa de Díaz en la recepción de fondos para el PSOE a través de alquileres de la sede de UGT, así como que faltara a la verdad ocultando las relaciones familiares directas que la condicionaban en la toma de decisiones al respecto, o su impedimento para que desde la Junta se recupere todo el dinero reclamado”, ha añadido.

 

En este sentido, Ruiz Sillero ha criticado que “el PSOE al frente del Gobierno andaluz ocultó el fraude porque les salpicaba la manera de gestionar los fondos, lo que se refleja en los cursos de formación y la Fundación Andaluza de Formación de Empleo (FAFE)”, ha manifestado.

 

En el caso de Málaga, ha recordado que “La Cónsula y La Fonda son ejemplos de la paralización de la formación para desempleados en la provincia durante años”, lamentando que “a los trabajadores del CIO se le adeudan 20 nóminas, siendo Susana Díaz la máxima responsable política”, ha dicho.

 

“Desde el PP andaluz pedimos la apertura del CIO Mijas”, ha añadido, indicando que, “en Málaga, además de estas escuelas de hostelería, también está afectado el consorcio Forman de comunicación y tecnologías de la información, por lo que son tres los perjudicados por la gestión irregular de la Junta”.

 

Ruiz Sillero ha señalado entonces que “mientras que el PSOE al frente de la Junta se dedica a defender a sus altos cargos, el PP trabaja para preservar los intereses de todos los andaluces”.

 

El fraude de la formación, en cifras

 

Por su parte, el vicesecretario de Empleo y Formación del PP andaluz y diputado autonómico, Miguel Ángel Torrico, ha expuesto que, en el marco de la gestión irregular de los cursos de formación para el empleo, “Andalucía ha perdido 822 millones de euros de fondos estatales y 46,9 millones de euros de fondos europeos”.

 

Además, ha lamentado que “hay 539 millones sin justificar y 60 millones de reintegros pendientes de la Fundación Andaluza de Formación de Empleo (FAFE), a los que se suman otros 20 millones de los consorcios y 82,4 millones más que han sido recaudados y deben devolverse a las entidades”, ha explicado.

 

En esta línea, ha criticado que “la Administración andaluza adeuda 400 millones de euros al 25% de las empresas que sí han gastado los fondos correctamente”, apuntando que “la paralización durante cinco años de los cursos de formación ha supuesto la destrucción de 30.000 puestos de trabajo, además de la pérdida de oportunidades para ese millón de desempleados andaluces”.

 

Por todo ello, Torrico ha pedido a los grupos políticos en el Parlamento andaluz, incluido el PSOE, que “no hagan el ridículo”, alegando que “ante un perjuicio económico de casi 2.000 millones de euros, debe exigirse responsabilidad política”.

 

Al respecto, ha insistido en que “cinco años de paralización injustificada de los cursos de formación por parte de Susana Díaz como presidenta de la Junta, con el consecuente perjuicio que esto ha supuesto en una región castigada especialmente por el desempleo, no puede quedar impune políticamente”, ha reiterado, apuntando que “la señora Díaz tomó la decisión de paralizar la gestión de la formación para el empleo para no verse salpicada, al igual que sus predecesores Chaves y Griñán”, ha concluido.

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