PP: El decreto de exclusión social es cortoplacista y obliga a los ayuntamientos a adelantar el dinero sin garantías


  • Del Cid critica que se haya recortado a las corporaciones locales parte del Patrica para poder financiar esta medida, cuyo efecto en el empleo “se disolverá en meses”

Málaga, 7 de mayo de 2013.- La secretaria general del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha advertido hoy de que el decreto de exclusión social planteado por la Junta de Andalucía “es cortoplacista, sin efectos duraderos en la creación de empleo, y se hace a costa de que los ayuntamientos tengan que adelantar el dinero sin que haya garantías de su devolución”.

“El empleo es lo que nos ocupa y preocupa a todas las formaciones políticas, pero hay formas y formas”, ha sostenido la dirigente popular, que ha rechazado que la financiación de este decreto se sustente en los recortes a los ayuntamientos a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

En este sentido, acompañada del vicesecretario general del PP malagueño, Francisco Oblaré, Del Cid ha explicado que la inversión contemplada a través de este plan de exclusión social de la Junta para la provincia de Málaga asciende a 10.209.786 euros. “Casualmente, el recorte a través del Patrica a los ayuntamientos malagueños fue de 11.069.222 euros”, ha comparado.

“Pese a que la Junta estaba obligada por ley a aumentar el Patrica, decidieron congelarlo para llevar a cabo medidas sociales”, ha recordado la dirigente popular. “Efectivamente, las han llevado a cabo, por menor importe del que recortaron y además exigiéndole a los ayuntamientos que adelanten los pagos”, ha lamentado.

Asimismo, Del Cid considera “muy preocupante” el calado de estas medidas, que ha calificado de “cortoplacistas” al no tener ninguna continuidad en cuanto se agoten los fondos.

Al respecto, ha detallado que el decreto contempla una inversión en la provincia para ayuda  la contratación de 7,78 millones de euros repartidos por los 101 municipios. “Se tienen que emplear en contratos de 15 a 3 meses de duración, con un salario de 1.000 euros mensuales, incluyendo las cuotas de la Seguridad Social”, ha especificado.

“Teniendo en cuenta estas premisas, y que hay municipios como Atajate o Faraján a los que les corresponden 1.000 euros, se van a dar casos de municipios que van a poder contratar a una sola persona y durante no más de 40 días”, ha explicado Del Cid. “Es una contratación bienvenida, y lo valoramos, pero no consideramos que ese sea el modelo a seguir”, ha lamentado.

Del Cid ha comparado la repercusión de este decreto con el del Plan E, “que fue un modelo derrochador y sin efecto estructural en la economía”. “Desde el PP defendemos modelos de inversión productiva, que generen oportunidades de empleo pero a más largo plazo, generando las condiciones idóneas para la creación de riqueza”, ha defendido.

Ha puesto como ejemplo de modelo productivo el anuncio de la Diputación de Málaga a través de una serie de planes extraordinarios de una inversión en la provincia que alcanza los 80 millones de euros. “Parte de esta cantidad va a parar a proyectos muy concretos, de varios meses de ejecución y que responden a necesidades planteadas por los propios ayuntamientos”, ha indicado.

“Estos proyectos van a generar empleo, no sólo durante 15 días y por las cuantías antes mencionadas, y además, la Diputación lo anuncia, lo hace y lo asume; no le hace falta acudir a otras administraciones para poder llevarlo a cabo”, ha subrayado Del Cid, que ha recordado que muchos ayuntamientos llevan también años planteando estos modelos de inversión productiva. Por el contrario, “la Junta lo hace con el dinero del Patrica quitado a los ayuntamientos, y peor aún, obligando a estos a asumir la inversión, con la vaga promesa de que se les pagará el año que viene”.

Por todo ello, ha concluido con que lo propuesto por la Junta es “un parche que intenta disimular cuestiones pendientes como los impagos a escuelas taller, comedores o guarderías; se convierte en una carga para los ayuntamientos; e imponen un modelo de política social que se parece demasiado al Plan E y que no tiene inversiones productivas”.

Dependencia

Respecto a la denuncia del secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, sobre recortes en Dependencia por parte del Gobierno central, Del Cid ha explicado que el ajuste de 1.108 millones de euros fue aprobado en julio de 2012 de acuerdo con las comunidades autónomas. De hecho, está publicado en el BOE del 3 de agosto de 2012.

“No es ningún recorte nuevo, y se planteó en 2012 para garantizar la viabilidad del sistema de Dependencia”, ha explicado la secretaria general, que ha expuesto que estas medidas afrontadas por el Gobierno central permiten que se mantengan las mismas prestaciones y el catálogo de servicios iniciales de la Ley.

De hecho, en 2012 “se han incorporado 132.000 nuevos beneficiarios y se ha rebajado la lista de espera para recibir las prestaciones en casi un 25 por ciento, por lo que Heredia debería preguntarse si no es el Gobierno andaluz quien está incumpliendo su parte”, ha advertido.