La Junta vuelve a estar “en el ojo del huracán” por las subvenciones irregulares dadas a CIBIC


  • Castilla ve “inquietante” que el Gobierno andaluz no haya dado una respuesta clara al respecto ni que haya cesado a Triguero

Málaga, 27 de febrero de 2014.- El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Daniel Castilla ha asegurado hoy, en el Pleno del Parlamento andaluz, que la Junta de Andalucía vuelve a estar “en el ojo del huracán” por las subvenciones irregulares otorgadas al Centro de Innovación del Bienestar Ciudadano (CIBIC), presuntamente para camuflar ayudas que debían devolverse al Ministerio de Hacienda.

“De nuevo la Junta de Andalucía está bajo sospecha y por formas de proceder que no nos resultan extrañas a estas alturas”, ha apuntado el diputado autonómico, que ha recordado que el citado centro recibió 15 millones de euros “supuestamente para construir un centro mundial del conocimiento, todo ello con grandilocuencia y marketing político”.

“La realidad no es otra que el hecho de que un juzgado está investigando estas ayudas y ha imputado al secretario general de Universidades e Investigación de la Junta, Francisco Triguero”, ha especificado Castilla, que ha recordado que las irregularidades podrían deberse a que estos 15 millones de euros se concedieron para un fin distinto al de su naturaleza.

A día de hoy, ni la fundación ligada a este centro existe ni está acabado el edifico que iba a alojar el CIBIC, “por lo que estamos, como mínimo, ante un nuevo caso de despilfarro de fondos públicos”, ha criticado el parlamentario popular.

Por todo ello, Castilla considera “inquietante” que la Junta de Andalucía no haya dado una explicación contundente al respecto y que no haya cesado al alto cargo imputado. “Como de costumbre, pretenden hacernos creer que aquí no ha pasado nada, pero se sigue jugando con millones de euros que pertenecen a todos los andaluces”, ha lamentado.

Por último, ha advertido de la incongruencia del Gobierno andaluz al responder hoy en la Cámara que esas ayudas no se han otorgado, cuando el propio Ejecutivo andaluz reconoció en respuesta parlamentaria del 4 de diciembre de 2012 que se habían otorgado parte de estas ayudas.

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