El PP pide a la Junta que escuche a los alcaldes en materia urbanística y ordenación del territorio


  • Oblaré lamenta que la LOUA esté “alejada de la realidad” y que el POTA y el decreto del litoral “hayan hecho tanto daño” en Málaga

Escucha parte de las declaraciones de Oblaré

Escucha parte de las declaraciones de Carmona

Málaga, 19 de febrero de 2014.- El vicesecretario general del Partido Popular de Málaga, Francisco Oblaré, ha pedido hoy a la Junta de Andalucía que escuche a los alcaldes de la provincia en materia de asuntos urbanísticos y ordenación del territorio porque “son los interlocutores y los que viven el día a día y la realidad de cada municipio” y, por tanto, los que se tienen que enfrentar a problemas diarios relacionados con “la desafortunada normativa urbanística y de ordenación que tiene nuestra comunidad”.

Así lo ha expresado el popular tras la reunión del Comité de Asuntos Urbanísticos de la formación, que ha presidido junto al vicesecretario de Política Municipal, José Ramón Carmona, y a la que han asistido responsables de los ayuntamientos de Mijas, Coín, Rincón de la Victoria, Alcaucín y de la Diputación Provincial. Tras el encuentro ha tendido la mano al Gobierno andaluz y en concreto al responsable provincial del ramo, Javier Carnero, para “trasladarle todas las propuestas y llegar a puntos de acuerdo para que Málaga, que tanto bien ha hecho, siga siendo puntera en construcción y ordenación del territorio”.

Entre estas conclusiones, Oblaré ha destacado la revisión de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de la cual ha lamentado que esté “alejada de la realidad del territorio”; la derogación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que según ha apuntado “tanto daño ha hecho” y la eliminación del decreto del litoral.

De esta forma, ha apuntado que la presidenta andaluza, Susana Díaz, “ha abierto el debate de revisar toda la normativa de nuestra comunidad” normas que, tal y como ha subrayado, “además de cambiar continuamente han complicado la vida de los alcaldes y el desarrollo de nuestra comunidad” donde, en concreto,  “Málaga ha sido de las grandes afectadas”.

“Lo que queremos es colaborar, aunque las propuestas de Díaz nos parecen más cantos de sirenas que decisiones claras y drásticas para solucionar problemas”, ha sostenido a la vez que ha indicado que “tanto PSOE como IU han actuado con mucha prepotencia y no han escuchado ni a los municipios ni a los ayuntamientos”.

De hecho, ha destacado que en Andalucía se han aprobado normativas que “han hecho imposible la aprobación de planes en un tiempo razonable; es imposible cuando su ejecución dura entre 8 y 10 años, aproximadamente; muchos de ellos están más tiempo elaborándose que de vida”, algo que ha considerado como “inadmisible”.

Además, ha asegurado que el 95 por ciento de los planes generales de la provincia están paralizados por el POTA, una normativa que “ha parado por completo la ordenación en nuestra provincia”. “Nuestra provincia es, sin duda, la más afectada; no se han tomado medidas ni se ha movido una norma, solo se han buscado titulares”, ha criticado.

Asimismo, Oblaré también ha hecho alusión al decreto del litoral, el cual ha considerado como “una agresión más” y al problema de las viviendas ilegales. “Tras más de 30 años aún no han entendido que hay que poner la normativa al servicio de los andaluces y al de la generación de la actividad económica”, ha indicado.

Inseguridad jurídica

Por su parte, Carmona ha apuntado a la “inoperancia” e “ineficacia” de la Junta respecto al tema y ha aseverado que “vivimos un momento crucial para atraer inversores” algo que “la Junta no entiende porque la no derogación del POTA y del decreto del litoral crean una inseguridad jurídica que ahuyenta inversores, y no estamos para perder ocasiones”.

En este sentido, ha lamentado también que la Junta permita “una ineficacia, una inseguridad jurídica permanente y un descontrol urbanístico propiciado por no saber controlarlo”.  De hecho, se ha cuestionado cómo una normativa puede prever que los 101 municipios solo puedan crecer en un porcentaje lineal de un 30 por ciento o de un 40 por ciento en superficie, algo que “no comprendemos porque no todos los municipios son iguales y los ciudadanos, en democracia, eligen libremente donde quieren residir”.

De esta forma, ha pedido finalmente que “se retire de forma inmediata el plan de ordenación del territorio, que se protejan todas las zonas declaradas como protegidas, pero que no se vaya en contra del crecimiento normal de los municipios que quieren ir por la vía de la legalidad”.

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