El PP exige a la Junta que se adhiera a la reforma educativa para evitar inseguridad jurídica y confusión entre los docentes andaluces


El parlamentario andaluz por el PP de Málaga Antonio Garrido ha exigido hoy a la Junta de Andalucía el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), alegando que el retraso en la adecuación de los proyectos de centro al nuevo marco se interpretan como una “resistencia irresponsable frente a la legalidad vigente y puede suponer un grave perjuicio a la comunidad educativa andaluza en cuanto a la inseguridad jurídica y confusión que pueda generar”.

De este modo, Garrido ha explicado que la Ley Orgánica 8/2013 establece un calendario claro de adaptación, de manera que las modificaciones introducidas en materia de currículo, organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en 2014-2015, y para el resto en el curso siguiente.

Sin embargo, ha insistido en que PSOE e IU al frente del Gobierno andaluz pretenden “bordear, si no incumplir una norma aprobada por más de dos tercios del Parlamento de la Nación” al introducir unas instrucciones, de 21 de mayo de 2014, las cuales “obedecen a criterios de sesgo político y tienen el objetivo de imponer el posicionamiento ideológico de las formaciones gobernantes en nuestra comunidad”.

Al respecto, ha destacado como “el mayor grado de intransigencia ideológica” el hecho de mantener la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos con carácter obligatorio para el alumnado de quinto de Primaria.

En este sentido, ha explicado que a partir de la publicación de la normativa que desarrolle las enseñanzas de Educación Primaria en Andalucía, este área continuará siendo obligatoria en el bloque de materias de libre configuración autonómica.

Por ello, ante el inminente comienzo del curso escolar, el PP exige el cumplimiento íntegro de la reforma educativa por parte de la Junta de Andalucía, “lo que se traduce en el respeto a las reglas democráticas y el estado de derecho”, ha concluido Garrido.

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