El PP exige a la Junta que no tape con el cese de funcionarios su responsabilidad en el ‘caso Edu’


  • Margarita Del Cid reclama a la delegada de Educación que aclare por qué ha destituido a la jefa de servicio cuya imputación ha pedido la Fiscalía.
  • La funcionaria cesada estaba al frente de Formación para el Empleo cuando se produjo el presunto fraude en las subvenciones para cursos de formación.

La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Margarita del Cid, ha reclamado a la delegada de Educación, Patricia Alba, que aclare si el cese de la jefa de servicio de Formación para el Empleo, Isabel Almendro, está vinculado con la presunta implicación de esta funcionaria en la investigación del llamado ‘caso Edu’.

“El pasado mes de julio conocíamos que esta persona era uno de los altos cargos de la Junta que el Ministerio Público estaba investigando por su presunta vinculación con el fraude de las subvenciones para cursos de formación y que iba a ser imputada”, ha asegurado Del Cid, “por lo que es de cajón pensar que hay relación entre su supuesto papel en la trama y su cese”.

Los responsables del Partido Socialista y del Gobierno de la Junta de Andalucía, según la secretaria general de los populares, “no pueden intentar tapar su responsabilidad en todo este asunto cesando a funcionarios”. “Reclamamos y exigimos que den las explicaciones necesarias sobre el papel de la entonces Delegación de Empleo de Málaga en este presunto fraude y, cuando menos, la inacción y falta de control de sus responsables para impedirlo”.

“De otra manera lo que parece es que pretenden borrar todas las huellas y que no se sepa la verdad”, ha añadido.

Además, Margarita del Cid ha exigido a la delegada de Educación que aclare las circunstancias en las que se ha producido el nombramiento del sustituto de Isabel Almendro al frente del Servicio de Formación para el Empleo en Málaga.

Del Cid ha recordado que la jefa de servicio cesada esta semana era la responsable del departamento que concedía las subvenciones para cursos de formación en la provincia.

Entre ellas, la Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del SAE de 15 de diciembre de 2010 en la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a un total de 20 entidades por un importe de 1,7 millones de euros y que investiga la Fiscalía como germen del llamado ‘caso Edu’.

Un presunto caso de fraude, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias, según la Fiscalía, cuya investigación se ha extendido a otras provincias y afecta a ayudas concedidas por la Junta de Andalucía por valor de casi 10 millones de euros.

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