El PP denuncia que la Junta alarga la parálisis e inseguridad jurídica de los municipios afectados por el decreto litoral


La secretaria general del Partido Popular de Málaga, Margarita del Cid, ha denunciado hoy que la Junta de Andalucía alarga la parálisis y la inseguridad jurídica de los 11 municipios afectados por el decreto litoral con la ampliación del plazo para su modificación una vez sean analizadas todas las alegaciones.

“Con esta última decisión, el Gobierno andaluz prolonga un frenazo injustificado al crecimiento de estas ciudades que supone un auténtico atentado al desarrollo turístico, sector clave en la economía de los municipios del litoral malagueño”, ha lamentado la dirigente popular, que ha atendido a los medios de comunicación junto al vicesecretario de Política Municipal del PP de Málaga, José Ramón Carmona, tras presidir una reunión con concejales de Urbanismo de municipios afectados.

Del Cid ha recordado que el decreto litoral deja a los alcaldes “ante una situación muy complicada que genera inseguridad jurídica a todos los agentes implicados y que aleja a los inversores”. En concreto, quedan paralizadas “la friolera de 30.000 viviendas –el 60 por ciento del total de viviendas afectadas en Andalucía- y la creación de más de 40.000 puestos de trabajo”, ha subrayado.

La secretaria general provincial se ha remontado a 2012, año en el que la Junta de Andalucía aprobó un decreto que supuestamente incluía medidas urgentes en materia urbanística para la protección del litoral, “pero que en la práctica lo que suponía era un grave impedimento al desarrollo y crecimiento de los municipios afectados por estas medidas”.

Once municipios del litoral de la provincia de Málaga –todos a excepción de Málaga, Marbella y Fuengirola- a los que la citada norma suspendió entonces de forma cautelar la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados, “o dicho de otra forma, la prohibición a los ayuntamientos de construir en suelo urbanizable”.

Se estableció entonces un plazo de dos años en el que el Gobierno andaluz se comprometió a estudiar las alegaciones, caso por caso, pero, tal y como ha denunciado Del Cid, “este plazo ya ha concluido y ahora la Junta alarga seis meses más el límite para aprobar el proyecto de decreto ley que modifica la normativa aprobada en 2012”.

“Es incomprensible que el Gobierno que preside Susana Díaz no haya afrontado este asunto con la máxima celeridad que se merece”, ha recalcado la dirigente popular, que ha señalado que paralizar la construcción supone “dejar miles de puestos de trabajo en el aire”. “En esta ocasión son más de 40.000 empleos, diez veces más que el plan de empleo que ahora el Gobierno andaluz impulsa gracias a los fondos europeos”, ha comparado.

Además, considera que este retraso supone negarle a los ayuntamientos “un foco de desarrollo económico que ahora más que nunca necesitan”. “Esta lentitud se convierte en otro ejemplo más de la poca importancia que el Gobierno andaluz concede a los ayuntamientos y sus problemas”, ha criticado.

“Son muchos los motivos por los que estamos preocupados ante este nuevo escenario”, ha sostenido Del Cid, que ha mostrado su decepción ante el hecho de que la Junta haya justificado este aplazamiento “porque no le ha dado tiempo a analizar todas las alegaciones”.

“Dos años, con sus 24 meses y 730 días no han sido suficientes para poder aprobar la modificación del decreto, pese a todo lo que hay en juego en materia de empleo, de desarrollo económico de los municipios y de reactivación del sector de la construcción”, ha expuesto la secretaria general de los populares malagueños.

Por todo ello, desde el PP de Málaga “exigimos la máxima urgencia y eficacia para la resolución de las alegaciones pendientes y la aprobación de una modificación que esperemos levante un bloqueo que sólo ha supuesto hasta ahora parálisis y pérdida de oportunidades”.

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